Avances y retos en la lucha contra la mutilación
genital femenina
Existen “prácticas nocivas”, amparadas en las tradiciones
culturales, que constituyen una violación a los derechos humanos, poniendo en
riesgo la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre
estas prácticas tradicionales nocivas se incluye la mutilación genital femenina
(MGF).
A día de hoy, se estima que entre 140 y 200 millones de niñas y mujeres de
todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital, de las cuales 44
millones son menores de quince años. Destacando negativamente el caso de
Somalia, donde el porcentaje de mujeres afectadas por esta nociva tradición es
del 98%.
Aunque, a nivel general, su incidencia ha disminuido si no se frena
esta práctica y la tendencia actual continúa, el número de niñas sometidas a
MGF aumentará durante los próximos años, de modo que hasta 2030, aproximadamente 30 millones de
jóvenes estarían en riesgo de ser mutiladas antes de cumplir los quince años.
Desde que en 1997 la FNUAP y
la UNICEF, en una declaración conjunta, se pronunciaran contra esta práctica
nociva, hasta entonces“ invisibilizada “,
se han realizado esfuerzos para luchar contra la MGF a través de la
investigación, del trabajo con las comunidades en las que se practica y del cambio
en las políticas públicas de los países en los que la ablación está
tradicionalmente arraigada.
El “Protocolo de Maputo” en 2003, instó
a los Estados a “prohibir y condenar toda forma de prácticas nocivas que afecten negativamente a los derechos humanos
de las mujeres y que sean contrarias a las normas internacionales reconocidas”,
en su artículo cinco habla de la obligación específica de eliminar
la MGF.
En 2012, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó una Resolución en la que condenaba la MGF y pedía a los Estados Miembros que prohibieran y
castigaran esta práctica, exhortaba a seguir observando el 6 de febrero como el
“Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina”,
aprovechando la ocasión para mejorar las campañas de sensibilización y tomar
medidas concretas contra la MGF.
En febrero de 2016 la mutilación genital femenina se
abordó desde Naciones Unidas como una prioridad entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, marcándose como objetivo acabar con esta práctica y con
el matrimonio infantil para el año 2030.
A este esfuerzo internacional se une el de muchos
países donde la mutilación está tradicionalmente enraizada y así en algunos países africanos se han
iniciado leyes que penan la práctica de la escisión. Por ejemplo, Burkina Faso
cuenta desde 1996 con una legislación específica. En 2015, Gambia y
Nigeria prohibieron por ley la MGF. En ese mismo año, en Somalia –el país con
la prevalencia de la ablación más alta del mundo, el Ministerio de la Mujer
propuso que esta práctica fuera ilegal. En 2016 se han producido los avances
legislativos más importantes en la lucha contra la mutilación genital femenina.El
Parlamento Panafricano, el órgano legislativo de la Unión Africana, aprobó en agosto de 2016 la prohibición de las
prácticas de la mutilación genital
femenina en sus 50 estados miembros, en virtud del Plan de Acción
firmado por sus 250 diputados y representantes del Fondo para la Población de
Naciones Unidas (FNUAP).
En Burkina Faso, país en el que Medicus Mundi Andalucía viene realizando un
importante papel en su erradicación, gracias a programas de cooperación sanitaria apoyando al
“Comité Nacional de Lucha contra la Práctica de la Escisión”, sobre todo en las
zonas rurales, de difícil acceso y con menos recursos, como en la
sensibilización y formación de los profesionales sanitarios en contacto con
mujeres que han sido mutiladas o están en riesgo de serlo, la MGF afecta
al 76% de las mujeres entre 15 y 49 años y a un 13% de niñas entre 0 y 14 años,
cifras que reflejan un considerable descenso en los últimos años.
Pero la MGF no es un problema
que esté delimitado por fronteras geográficas y en virtud de los fenómenos
migratorios, se estima que en España residen en torno a 57 mil mujeres de
origen subsahariano y que en torno a unas 17 mil niñas están en peligro de
sufrir mutilación genital, se trata de menores de 14 años, residentes en el
territorio español, que proceden de países donde persiste la práctica de la ablación
y que muchas de ellas corren el riesgo de ser mutiladas aquí o en sus países de
origen cuando marchan de vacaciones. Nuestra legislación es explícita al
respecto, con condenas a los progenitores que van desde la retirada de la
patria potestad hasta doce años de prisión. Además, la Ley Orgánica 3/2005
acordó perseguir extraterritorialmente la práctica de la MGF.
En el estado español tenemos
importantes retos tanto en la atención sanitaria a mujeres inmigrantes que
fueron mutiladas en sus países de origen y como en la prevención de esta
práctica en sus hijas.
Algunas Comunidades
Autónomas -como Cataluña, Cantabria Aragón, Navarra, Euskadi y Andalucía -, han
desarrollado sus propios protocolos interdisciplinares de actuación.
En el marco de la
“Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”, la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publicó un documento sobre
“La Mutilación Genital Femenina en España” y en el año 2015 el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicó el “Protocolo común para la
actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina”. Se trata de una herramienta
para orientar actuaciones homogéneas en el conjunto del Sistema Nacional de
Salud que permitan mejorar la salud de las mujeres y las niñas a las que se ha
practicado la MGF, así como trabajar en la prevención y detección del riesgoen
niñas que está en situación de vulnerabilidad. Este documento estatal es
únicamente sanitario, pero no contempla las otras instancias implicadas, sobre
todo educativas y sociales.
Desde Medicus Mundi pensamos que en un país como España y
especialmente en aquellas zonas de destino
de la población inmigrante como puede ser Andalucía, necesitamos visibilizar
este problema, además de sensibilizar y formar a los profesionales de la
educación, los servicios sociales y la sanidad que están en contacto con
poblaciones en riesgo. Necesitamos materiales formativos, políticas y
directrices para poder tratar y aconsejar a las mujeres que han sufrido algún
tipo de mutilación, así como para prevenir la pervivencia de la práctica en sus
hijas nacidas en España. En este sentido, la educación, la prevención, la
detección y la atención son fundamentales para reducir la incidencia de la
mutilación en las nuevas generaciones.
Es preciso seguir trabajando por la igualdad y los derechos de las mujeres,
favoreciendo su acceso a la educación, la salud y a los procesos de toma de
decisiones, de modo que la erradicación de la mutilación genital femenina sea
una realidad.
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